El
impuesto a las transacciones financieras, que lleva años como proyecto en las
mesas de los gobiernos de todo el mundo, se implantará solo en once países de
la Unión Europea. El miedo a la repercusión que puede tener la tasa en los
principales centros financieros ha forzado a la UE a utilizar el mecanismo de
cooperación reforzada, por el que los Estados que quieran se unen a la
iniciativa, sin que el resto de socios pueda vetarlo.
Alemania,
Francia, Italia, España, Portugal, Grecia, Eslovenia, Bélgica, Austria, Estonia
y Eslovaquia, han informado al Ecofin de su decisión de aprobar la tasa,después de meses de negociaciones y
una vez comprobado que ni era posible establecerla a nivel mundial, como se
pretendió en un principio, ni siquiera en el conjunto de la Unión.
La principal oposición está en el
Reino Unido. La city de Londres es el principal centro financiero de
Europa y el gobierno británico entiende que la imposición de la tasa llevaría
consigo una importante deslocalización de la industria financiera. «Sólo
consideraremos sumarnos si todos los centros financieros del mundo la
implantan, como Nueva York, Singapur, Shanghai y Hong Kong», ha dicho el
ministro británico de Finanzas, George Osborne.
La
propuesta que hizo la Comisión Europea para gravar las transacciones
financieras en la UE establece un tipo del 0,1% las compraventas de acciones y
bonos y con un tipo del 0,01% las de derivados. Según los cálculos de Bruselas,
su implantación en el conjunto de los 27 Estados de la UE proporcionaría unos
ingresos de 55.000 millones de euros anuales, una parte de los cuales iría a
financiar el propio presupuesto de la UE.
La
Comisión hizo su propuesta en 2011, pero el Consejo Europeo la desestimó al ver
que no tenía apoyos suficientes. El procedimiento de cooperación reforzada,
aplicado ahora, está previsto en los tratados de la Unión, para que al menos
nueve socios comunitarios puedan llevar adelante una iniciativa, al margen del
resto de Estados que no quieran participar.
España
se suma en el último momento
Alemania y Francia han llevado la
iniciativa en este caso y la herramienta comunitaria se ha
podido utilizar, una vez que cuatro países han decidido incorporarse a última
hora, España, Italia, Estonia y Eslovaquia.
El
ministro español de Economía, Luis de Guindos, ha justificado su tardanza en
sumarse al proyecto porque «las bazas negociadoras han que guardarlas hasta el
último minuto» y ha pedido que la tasa se imponga de tal manera que evite
efectos negativos en los flujos de capital. Esto tiene que hacerse de forma
coordinada entre la mayoría de los países europeos para evitar efectos
distorsionantes sobre los movimientos de capital y también se tiene que
establecer sobre una base, de tipo de transacciones, que sea razonable a
efectos de evitar los efectos negativos que podría tener desde el punto de
vista de los flujos financieros», ha explicado De Guindos en rueda de prensa.
A
partir de ahora, los Estados interesados tienen que detallar ante la Comisión
Europea el alcance y los objetivos de la cooperación reforzada. Después el
Consejo tiene que aprobarla por mayoría cualificada de los 27 y el Parlamento
Europeo dar su consentimiento.
El
comisario europeo de Fiscalidad, Algirdas Semeta, se ha comprometido a llevar
los trámites con la mayor rapidez. También ha señalado que los Estados «podrán
gastar este dinero como mejor les parezca», pero recordó que la idea de la
Comisión es que dos terceras partes de lo recaudado vayan a parar al
presupuesto de la UE, reduciendo las contribuciones de los países.
enviada en red foroba
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